El 3 de enero de 2026, Roberto Hernández, de 52 años, circulaba en su motocicleta por Eje 6 Sur y Periférico Oriente, en Iztapalapa, cuando fue impactado por un automóvil. De acuerdo con la información difundida, el vehículo no se detuvo y lo arrastró aproximadamente 1.7 kilómetros, hasta que un tope permitió que el cuerpo se desprendiera en la colonia Constitución de 1917.

El caso generó indignación social, protestas de la comunidad biker y un fuerte reclamo de justicia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se libró orden de aprehensión contra la conductora señalada como probable responsable, quien fue detenida en Oaxaca y trasladada a Santa Martha Acatitla, donde enfrentará el proceso por su probable responsabilidad en homicidio calificado.

Más allá del proceso penal, la muerte de Roberto detonó la propuesta de la llamada “Ley Roberto”, impulsada por su familia y colectivos de motociclistas. La iniciativa busca modificar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para endurecer las sanciones contra conductores que atropellen y huyan, especialmente cuando hay omisión de auxilio o fallecimiento. Uno de los puntos centrales es que, en estos casos, el delito pueda tipificarse como homicidio doloso y no solo como imprudencial.

Este debate abre una conversación necesaria sobre la responsabilidad en hechos viales y la protección de los usuarios más vulnerables de la vía pública. Más allá de un caso individual, la discusión plantea si las sanciones actuales son suficientes y si el marco legal realmente envía un mensaje claro frente a la fuga y la omisión de auxilio.

Cuando una tragedia expone vacíos o debilidades en la ley, también puede convertirse en un punto de inflexión. La exigencia social no solo busca justicia en un caso concreto, sino prevenir que hechos similares se repitan y fortalecer la protección de quienes, día a día, transitan las calles en condiciones de mayor riesgo.