Mientras familias destrozadas buscan justicia, los grandes beneficiados son el IMSS, el ISSSTE, Pemex y la CFE.

El pleno de la SCJN resolvió por unanimidad la Contradicción de Criterios 59/2025, determinando que las indemnizaciones por fallecimiento en materia civil deberán calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y no con el salario mínimo.

El proyecto fue presentado por la ministra Lenia Batres, quien argumentó que la Constitución —en su artículo 123— prohíbe usar el salario mínimo como referencia para fines distintos al ámbito laboral, y que por tanto la UMA era la única opción válida.

Hasta ahí, suena técnico. Pero cuando ves los números, la historia cambia.

Los números que duelen

El salario mínimo en 2026 se ubica en 315.04 pesos diarios, mientras que el valor de la UMA apenas alcanza los 117.317 pesos. Una diferencia de casi 63% que se traduce directamente en lo que una familia recibe cuando pierde a alguien.

Y si quieres saber qué tan grande es esa diferencia en dinero real: la ministra reveló que si en 2025 el IMSS hubiera pagado indemnizaciones tomando como base el salario mínimo, el costo se habría disparado 146%, pasando de 75.9 millones de pesos a más de 187 millones —una diferencia de más de 111 millones de pesos en un solo año y en una sola institución.

Sí, lo leen bien. La propia ministra ponente presentó como argumento central el ahorro que esto representa para las instituciones públicas. No el bienestar de las víctimas. No la reparación del daño. El ahorro.

¿Quiénes ganan?

El alcance de la resolución va mucho más allá del IMSS. Batres advirtió que resolver en sentido contrario habría representado un riesgo directo para el patrimonio de instituciones como el ISSSTE, Pemex y la CFE, además de las aseguradoras privadas.

Dicho de otro modo: los grandes ganadores de este fallo son precisamente las instituciones con mayor capacidad de pagar. Las que tienen abogados corporativos, presupuestos millonarios y equipos jurídicos completos. Y los grandes perdedores son las familias que llegan solas al sistema judicial, con su dolor a cuestas, a exigir lo que les corresponde.

Uno no puede evitar preguntarse: ¿en qué momento los intereses financieros del Estado se volvieron más importantes que la vida de las personas?

El contexto que pocos mencionan

Hablamos de un fallo emitido por ministros que se presentaron al país como representantes del pueblo, elegidos en el marco de una reforma judicial que prometía acercar la justicia a los ciudadanos. Sin embargo, el único argumento de peso que encontramos en la resolución para favorecer la UMA sobre el salario mínimo es que las instituciones públicas gastan menos dinero de esa manera.

No se discutió el impacto en el nivel de vida de las familias afectadas. No se ponderó el acceso efectivo a la justicia. No se habló de las víctimas como sujetos de derechos, sino como costos en una hoja de cálculo.

¿Cómo es posible que los ministros que dicen defender los derechos del pueblo resuelvan —por unanimidad, sin un solo voto en contra— que las instituciones públicas más poderosas del país deben pagar menos cuando sus negligencias cuestan vidas?