Después de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa —una tragedia que cobró la vida de 31 personas y dejó decenas de heridos—, el gobierno federal anunció la publicación de dos nuevas normas de emergencia para reforzar la seguridad en el transporte y distribución de gas LP en México.

Las disposiciones, emitidas por la Secretaría de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), buscan establecer controles más estrictos para prevenir nuevos accidentes y proteger tanto a los trabajadores como a la población civil.

Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, explicó que las nuevas normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025 se enfocan en el mantenimiento de las unidades y la capacitación obligatoria de los conductores.

Entre las medidas más relevantes se incluyen:

• Comprobar anualmente el cumplimiento del programa de mantenimiento de las pipas mediante un dictamen presentado ante la ASEA.

• Realizar inspecciones internas y pruebas periódicas de presión hidrostática.

• Acreditar la capacitación teórico-práctica de los conductores bajo un estándar oficial de competencia.

• Instalar dispositivos de control de velocidad y sistemas de rastreo GPS en todas las unidades.

El plazo para que las empresas cumplan con estas normas será de cuatro meses para la mayoría de las unidades, y de seis meses para aquellas con mayor antigüedad o capacidad de carga.

A nivel local, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció 12 medidas complementarias, entre ellas: cursos obligatorios para conductores, prohibición de circulación de pipas de más de 10,000 litros por vías secundarias, y restricción de horario para unidades que transporten 20,000 litros de combustible, que solo podrán circular entre las 22:00 y las 05:00 horas.

Desde APROVIAC, consideramos que estas medidas representan un avance necesario, pero insuficiente si no van acompañadas de una supervisión constante y sanciones efectivas para quienes incumplan la ley.
Las víctimas de Iztapalapa y sus familias merecen justicia, pero también un compromiso real del Estado para que tragedias como esta no vuelvan a repetirse.
Cada norma que salva una vida es un paso hacia un país más seguro y más humano.