Retiró el proyecto… y, mes y medio después, lo presenta igual.

El pasado 2 de octubre, la ministra Lenia Batres retiró un proyecto que proponía calcular las indemnizaciones por muerte e incapacidad con base en la UMA —una unidad creada para multas administrativas— en lugar del salario mínimo.

Lo hizo tras tras críticas públicas y el compromiso del Presidente de la Corte de que el tema “se revisaría a fondo” por tratarse de una discusión de relevancia nacional.

Sin embargo, mes y medio después, reintrodujo exactamente el mismo proyecto, buscando imponer un criterio que reduciría en más del 50% las indemnizaciones que reciben las víctimas de accidentes y sus familias.

De aprobarse, significaría el mayor retroceso en derechos humanos de las víctimas en la historia reciente de México.

Un contraste que indigna.

Pese a que miles de personas dependen de una indemnización justa para rehacer sus vidas después de un accidente, el proyecto propone que reciban compensaciones mínimas que rayan en lo absurdo.

Multa por vapear: 2,000 UMAs
Indemnización por incapacidad total permanente: 1,095 UMAs

Con ese criterio, saldrá más caro vapear en la calle que atropellar a una persona y dejarla incapacitada de por vida.

El debate sobre cómo deben indemnizarse a las personas que sufren incapacidad, o a las familias de quienes pierden la vida en un accidente, no es un tecnicismo.

Es una decisión que definirá el valor que le damos a la vida e integridad de las personas en este país.

¿Quién se beneficia? ¿Quién pierde? ¿Quién está detrás de este criterio?

En el expediente aparece un dato inquietante: La ministra admitió un amicus curiae presentado por un abogado con vínculos con el sector asegurador.

Ese hecho no prueba un conflicto de interés, pero sí exige preguntarnos:

Por qué tanta insistencia en imponer un criterio que claramente beneficia al sector asegurador en notorio perjuicio de las víctimas?

Por qué se muestra más receptiva con las aseguradoras que con las víctimas?

Lo único cierto es que si el proyecto se aprueba, todas las indemnizaciones por muerte e incapacidad se reducirían automáticamente en el país, generando un ahorro millonario para las aseguradoras.

El impacto es nacional: nadie está exento.

En México mueren 44 personas al día en accidentes viales.

Los accidentes no distinguen edad, clase social ni código postal: pueden tocar a la puerta de cualquiera.

Lo que la SCJN decida este jueves definirá el parámetro con el que indemnizarán a cualquier persona que sufra un accidente.

Y, en una decisión tan delicada, la pregunta es simple:

¿La SCJN cumplirá su promesa de construir una justicia comprometida con los derechos humanos y cercana a la gente?

¿Se pondrá del lado de las aseguradoras y sus poderosos intereses económicos… o del lado de las víctimas, las familias y el pueblo al que dice proteger?

Llamado urgente

APROVIAC hace un llamado a visibilizar el riesgo de esta grave regresión.

Una justicia realmente cercana a la gente debe adoptar criterios que amplíen y fortalezcan los derechos de las personas, no —como el propuesto por Batres— aquellos que los restringen.

Debe ponerse del lado de los más vulnerables, no de quienes buscan abaratar su responsabilidad.

Las víctimas merecen más empatía, solidaridad y justicia. No menos.